Evaluar el proyecto de forma imparcial y de acuerdo con los estándares de calidad.
 

La documentación que se entrega a los evaluadores para revisión es confidencial. No deben difundir, copiar o utilizar para sus propios fines la documentación facilitada. Un evaluador puede necesitar información especializada sobre alguna técnica descrita en el proyecto. Para ello es aceptable realizar consultas puntuales con expertos, siempre y cuando estos sean ajenos al proyecto evaluado. Los evaluadores deben recordar que las normas de confidencialidad se aplican no solo al material, sino también a los intercambios y discusiones que tienen lugar en las reuniones de las comisiones de evaluación.
 

Imparcialidad y ausencia de conflictos. La labor del evaluador consiste en hacer juicios de valor, en muchos casos subjetivos, sobre la validez, relevancia y factibilidad de un proyecto. Los evaluadores deben de ser neutrales y estar libre de sesgos que puedan influenciar su capacidad de decisión. La sospecha de presencia de conflictos de interés aconseja el cambio de evaluador ya sea a propia petición o por parte del coordinar del grupo de evaluación.
 

Juego limpio y ausencia de beneficio del proceso de evaluación. Los evaluadores no deben obtener beneficios directos del proceso de evaluación. En concreto, el material revisado no debe ser utilizado en beneficio del evaluador, por ejemplo, para anticiparse en el desarrollo de una idea o para aplicar una metodología novedosa a investigaciones en curso.
 

Las críticas al proyecto deberán realizarse siempre con corrección y profesionalidad, respetando el pluralismo científico y sin valoraciones peyorativas de la capacidad de los investigadores.